En Francia, varios supermercados llevan ya más de seis años vendiendo jamón de cebo como si fuese de pata negra. El Ministerio de Agricultura, reconoce que la venta de jamón en Francia hace un uso incorrecto en la denominación. La Justicia francesa defiende que la calidad de jamón ibérico no es aplicable en el país.
El ministro de agricultura, Luis Planas, aseguró que «Se van a buscar soluciones», a varias preguntas del medio El Confidencial.
En junio de 2022, el Ministerio de Agricultura ya informó a El Confidencial sobre el engaño que se estaba cometiendo, el cual estaba siendo investigado por la justifica francesa. Finalmente, la decisión del tribunal francés fue: «Considerar que la norma de calidad del ibérico no es aplicable en Francia»
A nivel internacional este término se conoce como sinónimo de calidad, pero la normativa sobre el cerdo ibérico no tiene efecto fuera de nuestras fronteras: «Queda reservada exclusivamente a la designación ‘de bellota 100% ibérico», según el real decreto de 2014.
Como esta normativa no tiene validez en Francia, en 2016, la empresa Labeyrie lanzó una gama de productos ibéricos elaborados en España, entre los que destaca su Jambon Pata Negra. Según la empresa, este producto es un «jamón loncheado de cerdo de cebo de campo 50% raza ibérica».
La falta de control llega a sus supermercados, si buscamos el termino pata negra, en el supermercado Carrefour, el primer resultado será el jamón de Labeyrie, sesenta gramos por unos siete euros. Para encontrar un jamón que encaje en la legalidad de la normativa, debemos indagar tres filas más, «Paleta Pata Negra Bellota Covap España» ciento veinte gramos por treinta euros. Ambos productos llevan la misma etiqueta, pero solo la letra pequeña advierte al consumidor sobre esta diferencia de calidad.
Acuerdos entre Francia y España.
El pasado mes de enero, en la cumbre hispano-francesa celebrada en Barcelona, se reunieron los presidentes de ambos países. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron firmaron el Tratado de Amistad y Cooperación. Este acuerdo tiene como objetivo, una ayuda mutua para realizar controles oficiales agroalimentarios y luchar contra el fraude.
El Ministerio de Agricultura destaca este acuerdo, pero reconoce que la protección del término pata negra exige ir un paso más allá y llevar el caso hasta Bruselas: «Solamente se podrá resolver a través de modificaciones de la normativa europea», según señala El Confidencial.
