Intoxicación por aceite de colza, el fraude más costoso

Ahora que estamos viviendo una pandemia, aunque esta sea sanitaria, es buen momento para no olvidar y sí recordar una catalogada como epidemia que sufrió España. Se acaban de cumplir 40 años de la intoxicación por aceite de colza de 1981, que fue la mayor crisis alimentaria de nuestro país. Unas 5.000 personas fallecieron en el fraude más costoso que se ha registrado en la historia contemporánea nacional. Todo debido a la venta de un líquido que no era apto para el consumo, sino para uso industrial. Algo que, en la actualidad, sería casi impensable, dejó un triste episodio marcado por la incertidumbre inicial, el envenenamiento mortal y un síndrome permanente.

De neumonía atípica a envenenamiento

Hospitales saturados, preocupación sanitaria y un brote epidemiológico desconocido hasta la fecha que causaba una neumonía atípica en los pacientes. Muchos de ellos eran niños y el primero de ellos en fallecer fue Jaime Vaquero, que residía en Torrejón de Ardoz (Madrid). La causa real de lo que le ocurrió no se supo hasta 40 días después, cuando los investigadores lograron hallar un punto común entre las muertes: la colza. Al principio, las hipótesis desacertadas recayeron sobre una base americana que se ubicaba en el pueblo madrileño.

intoxicación aceite de colza

Planta de colza

Radioactividad por productos químicos o unas fresas de Aranjuez o los tomates de Arabia Saudí… Al miedo de una población que, de golpe, empezó a sufrir problemas respiratorios, se le sumaba el desconocimiento de su origen. Hasta se llegó a hablar de que la enfermedad la transmitían los pájaros o los perros. Días de mucha incertidumbre terminaron cuando se descubrió que todo era una intoxicación por aceite de colza. Adulterado, desnaturalizado o refinado y destinado al uso industrial, no a venderse clandestinamente en los mercadillos.

De esa forma, consumidores de Madrid y también de las dos castillas, padecieron las consecuencias de utilizar en casa un líquido que envenenaba. Lo peor fue que, mientras se desconocía este hecho averiguado al final por el Hospital Niño Jesús, muchos siguieron usando el producto. Ese que se venía en botellas de 5 litros para su consumo en el cocinado como si fuese aceite de oliva. ¿Cómo se permitió esto?

Falta de control y un grave balance

Siete empresas aceiteras, además de una veintena de marcas que comercializaban las garrafas de aceite de colza, estuvieron en el punto de mira de las autoridades. Porque estaban vendiendo, sin ningún tipo de control, un producto cuyos componentes habían sido mezclados, convirtiéndolo en peligroso para la salud. Realsa fue una de las compañías responsables de la venta de tantísimos litros de ese veneno. Contenía una sustancia química –acetilanilida– que causaba el catalogado después como Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), exclusivo de España.

El grave balance fue de más de 20.000 personas afectadas y unas 5.000 muertas, según los datos que recoge la Plataforma Seguimos Viviendo, creada específicamente por aquel suceso. Tras el paso del tiempo, dejó secuelas en las familias que habían consumido ese aceite adulterado, que nada tenía que ver con el auténtico aceite de oliva. Las secuelas que ha dejado son pulmonares, cutáneas y hasta neurológicas.

La justicia en la intoxicación por el aceite de colza

En total, 38 empresarios del sector aceitero acusados por el fraude se sentaron en el banquillo en marzo de 1987, aunque los condenados a penas de prisión fueron solo trece. El resto, absueltos o ya libres de todo cargo tras cumplir penas preventivas mientras se dilataba la resolución final. A pesar de que el fiscal encargado del tema pidió hasta 10.000 años de cárcel, la condena fue bastante más rebajada. Y es que la clave siempre pasó por demostrar que la causa de la intoxicación por aceite de colza había partido de las empresas aceiteras.

Aunque años más tarde, el Tribunal Supremo amplió las penas, las indemnizaciones finales no partieron desde los culpables, pues se declararon insolventes. El Estado español se hizo cargo de ellas, que irían a los 18.000 inscritos como afectados por el envenenamiento. Sin embargo, en algunos casos, el dinero les llegó pasadas más de dos décadas de lo ocurrido. Pero, el problema es que a muchos de esos que a día de hoy siguen sufriendo secuelas no les han reconocido la incapacidad permanente laboral.

No pueden trabajar por las consecuencias de un envenenamiento fruto de la codicia irresponsable de los que se llenaban los bolsillos con miles de pesetas. Mientras que la gente moría y el caos sanitario se adueñaba de Madrid, la comunidad más afectada junto a Castilla León y Castilla-La Mancha. Aquella intoxicación por aceite de colza le dio una fama nefasta al producto, que sí se puede consumir si está bien elaborado. La triste historia de aquellos años, en plena transición democrática, fue una crisis alimentaria sin precedentes. Puso de manifiesto la importancia vital de controlar la trazabilidad de los alimentos.

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