Cataluña quiere dar un paso importante contra el despilfarro alimentario. Para ello, este miércoles 4 de marzo aprobará una proposición de ley para que llevarse la comida que sobra del restaurante sea obligatorio. De esta manera, los locales deberán dar a sus clientes unos recipientes para que metan la cantidad del plato pedido que no hayan consumido. El Partido Socialista catalán es el promotor de esta principal medida que pretende poner freno ya a las toneladas de alimentos que acaban en la basura. Incumplir dicha normativa podría acarrear multas de hasta 150.000 euros y también habrá deberes para los supermercados. Te contamos aquí más sobre esta interesante y, en principio, muy útil solución al desperdicio.
Primera norma en Europa, según el PSC
A lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el campo hasta la mesa, allí donde disfruta de los grandes manjares el consumidor final, existe un serio problema. Porque ya lo afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): un tercio de los alimentos producidos terminan en el contenedor. Este dato, a nivel mundial, genera una situación que se puede perfectamente paliar con esfuerzos desde todos los agentes implicados. Entre ellos se encuentran tanto supermercados como restaurantes y, respecto a estos últimos, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) quiere tomar ya una importante medida. Se espera que la nueva ley para llevarse la comida que sobra del restaurante de manera obligada se apruebe por unanimidad en el Parlament. Sería la primera norma así en Europa, según han dicho los socialistas.
Los adultos, reticentes a llevarse la comida que sobra del restaurante
Afectará así a bares y restaurantes, que deberán disponer de «recipientes reutilizables, compostables o fácilmente reciclables» para sus comensales. Estos se podrán llevar a casa lo que no hayan engullido de su plato pedido, «sin coste adicional». Algunos como el restaurante Cal Mingo, en Viladecans, ya siguen este método para que no se tire a la basura lo sobrante de la mesa. Ni es poco el despilfarro en cada servicio ni gusta a todos los clientes eso de salir del local con la comida bajo el brazo o en el bolso. Los jóvenes y las personas mayores no suelen ser reticentes a esta tarea pos-disfrute gastronómico, pero el colectivo de adultos entre 40-60 años sí muestra reparo. Así lo revelan ciertos estudios con estos prejuicios que complican el objetivo de reducir ese desperdicio alimentario.
Desde el PSC esperan que vayan desapareciendo esos pensamientos para poner solución al problema. Así lo ha explicado el diputado Raúl Moreno: «En marzo de 2016, Francia intentó regular que las cadenas de supermercados destinasen alimentos con fecha de consumo preferente próxima a entidades sociales. Ese fue nuestro punto de partida, pero nosotros fuimos mucho más ambiciosos». Ha hablado en pasado el socialista porque la situación política en la comunidad catalana ha ido complicando su aprobación final como ley parlamentaria.
Ahora, por fin, verá luz después de que se haya conseguido salvar otro escollo: la falta de datos concretos en nuestro país acerca de dicho desperdicio. A partir de ya, se obligará a empresas, escuelas, hospitales y centros residenciales a ir planificando un «plan de reducción del despilfarro». Tras eso, se establecerá un sistema de control anual lo más cercano a la realidad posible.
Los supermercados, también bajo la lupa
Esa idea que espera prosperar finalmente para llevarse la comida que sobra del restaurante con obligatoriedad no solo recaerá en hostelería. También bajo la lupa del gobierno catalán estarán los supermercados y las grandes superficies. Deberán establecer fórmulas de salida de productos con fecha de caducidad cercana. «Mediante ofertas destacadas en los estantes o a través de donaciones para alimentación humana, animal o industrial», ha matizado Moreno. El objetivo está bien claro: aprovechar al máximo, tirar lo mínimo. Y para esto, la normativa igualmente recoge para estos centros «fomentar la venta de productos con imperfecciones», así como «promover el consumo de alimentos de temporada». Los que incumplan esta ley se enfrentarán a multas de hasta 150.000 euros e incluso se les podría penar con el cese de su licencia de actividad.
Pero lo que todavía no se está castigando (y esto sí que es complicado desde la administración) es el despilfarro alimentario que se da en los hogares españoles. Los datos del 2018 del MAPA fueron demoledores con hasta un 84,2 % de personas que reconocieron haber arrojado a la basura productos sin haberlos cocinado. Sobre todo, lácteos, frutas y hortalizas. Respecto al año anterior, el incremento del desperdicio fue del 9 %, algo que evidenciaba más aún un problema en aumento. ¿Conseguirán desde Cataluña que esta medida para llevarse la comida que sobra del restaurante acabe implantándose también en otras regiones y con éxito?
