Noruega el gran país productor de salmón va a introducir un nuevo impuesto a su producción. De esta forma el salmón uno de los pescados más consumidos en España y también en el mundo verá incrementado su precio.
La ley que ha promovido el parlamento noruego y que debía entrar en vigor este pasado uno de enero aún esta en proceso de debate y se desconoce finalmente que alcance real tendrá. Lo que si queda claro es que cuando la ley entre en vigor lo hará con efectos retroactivos al pasado uno de enero de 2023. Así el gobierno noruego tiene como objetivo gravar con un impuesto del 40% la producción de salmón y trucha. Por el momento parece que solo se verían afectadas las grandes empresas productoras quedando fuera de este impuesto las pequeñas piscifactorías que producen menos de 4 mil toneladas al año y que representan el 60% del global.
Impuesto al salmón por motivos medioambientales
El principal motivo para introducir este impuesto del 40% que se sumaría al 20% ya existente es el medioambiental. Noruega quiere que los beneficios de la explotación de sus aguas reviertan más en los ciudadanos y en estos momentos esta en pleno debate parlamentario la forma de hacerlo.
Este aumento de precio del salmón y también de la trucha ha hecho reaccionar a las dos grandes empresas productoras del país. Estas defienden una producción sostenible y recuerdan que son grandes generadoras de empleo. Pese a todo parece que la ley va a salir aunque están analizando las alegaciones de estas empresas y como implementarla. Mientras tanto grandes empresas productoras como SalMar y Mowi ya han bajado en bolsa un 20% de media su cotización.
Todo ello parece que junto con la inflación afectará al precio final de salmón y trucha al consumidor y también a su consumo. Estas previsibles subidas de precio de estos productos motivan al consumidor a consumir otro tipo de proteína animal o buscar alternativas a su alimentación.
En España la organización empresarial Anfaco-Cecopesca ha mostrado su preocupación y ha presentado alegaciones y disconformidad a la consulta pública de Noruega. Además añade que la forma de aplicarlo afecta al cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria que prohíbe la venta a perdidas en España.
